Desigualdad, sobrepeso y hambre: la necesidad de una ley que regule la diferencia entre comestibles y alimentos
El sobrepeso y la obesidad siguen aumentando en todas las regiones de Argentina, especialmente entre los niños en edad escolar y los adultos.
A nivel mundial, el etiquetado frontal de los alimentos se considera como una herramienta estratégica dentro del conjunto de medidas recomendadas para prevenir el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas. Su finalidad es informar a los consumidores y mejorar sus posibilidades de evaluar si un producto es o no saludable.
Considerando que en 2021 el Ministerio de Salud Nacional publicó que siete de cada diez adultos presentan problemas de salud relacionados con su alimentación y el 30% de los niños en edad escolar tienen sobrepeso y el 6% obesidad, es urgente revisar las leyes que regulan la industria alimenticia en nuestro país.
¿Qué es la ley de etiquetado frontal?
La Ley de Etiquetado Frontal tiene como objetivo principal la colocación de una serie de sellos en la parte delantera de los productos que contengan un exceso de azúcares, grasas saturadas y totales, calorías y sodio.
Lo que plantea la letra del proyecto es que los productos que tengan un contenido por encima de los límites fijados informen con una etiqueta octogonal negra y con letras en blanco el exceso que puede perjudicar la salud.
Las razones por las que aumentó el sobrepeso y la obesidad se deben a que la comida casera se reemplazó por alimentos y bebidas ultraprocesados con alto contenido de grasas, azúcar y sodio.
Un informe realizado por la Fundación Soberanía Sanitaria y la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN) expone que sólo un tercio de la población lee las etiquetas, y de ellos solo la mitad las entiende. En otras palabras, el 13% de la población comprende la información nutricional del envase. Además, los sectores de la población con mayores carencias leen aún menos las etiquetas de los productos, demostrando que los sistemas de información nutricional vigentes son menos comprensibles para la población en situación de mayor vulnerabilidad social y económica.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicó una investigación en la que se destaca que uno de cada dos chicos en la Argentina reconoce haber comprado un alimento poco saludable porque lo vio en una publicidad en los últimos tres meses.
Según el informe, cuyo eje es la exposición de niños, niñas y adolescentes al marketing digital de alimentos y bebidas en la Argentina, nuestro país se ubica en el primer puesto de la región en sobrepeso en menores de 5 años. En América Latina son el 7,5% de la población (3,9 millones) de niños y niñas de ese mismo rango de edad con sobrepeso u obesidad.
Además, en el caso de las publicidades de productos alimenticios, la mitad son sobre productos altos en azúcares y 4 de cada 10 son altos en grasas saturadas y/o grasas totales. Ninguno de ellos estaría permitido si se aplicaran los criterios del perfil nutricional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por ser altos en algún nutriente crítico, como azúcar, grasas o sal.
Lo más destacable de este proyecto de ley es que no hay una grieta que lo atraviese diputados y senadores de todos los partidos políticos están luchando por una misma causa, dejando de lado sus diferencias ideológicas.
¿A quiénes ayudaría este proyecto de ley?
Este proyecto de ley no solo ayudaría a que las personas sean conscientes de lo que consumen, y así disminuir los casos de obesidad o sobrepeso en menores de edad, sino también a personas con enfermedades crónicas.
“Cuando voy a comprar cualquier alimento siempre leo bien las etiquetas por el tema del azúcar. Pasa que últimamente son tantos ingredientes, con letra tan pequeña que ni siquiera se puede leer con claridad”, señala Norberto Álvarez, quien tiene 54 años y padece diabetes desde hace más de 20 años.
“Definitivamente, las personas que tenemos problemas de salud por la comida necesitamos que exista una ley que nos permita saber de forma rápida y sencilla lo que contienen los paquetes que consumimos a diario”, concluyó Álvarez.
La última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS2) que se realizó en 2019 concluye en que el sobrepeso y la obesidad resultaron ser las formas más frecuentes de malnutrición en niños y adolescentes (NNyA), y se confirma su aumento en concordancia con otras encuestas, como la tercera Encuesta Mundial de Salud Escolar 2018.
En el caso de la malnutrición por déficit, los datos indican que la prevalencia de emaciación, bajo peso y delgadez en todos los grupos es baja desde una perspectiva poblacional. La baja talla fue mayor en la población en situación de vulnerabilidad social para todas las edades.
La epidemia de sobrepeso y obesidad es la forma más frecuente de malnutrición y se confirma que continúa aumentando sostenidamente en Argentina. Esto está en concordancia con lo observado en la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, donde la prevalencia de exceso de peso fue de 66,1%, lo cual valida la calidad de la información recolectada. Ambas encuestas también coinciden en que aproximadamente la mitad de la población con exceso de peso se encuentra en rango de sobrepeso y la otra mitad en rango de obesidad.
Los grupos sociales de menores ingresos evidenciaron mayores índices de exceso de peso a expensas de mayor prevalencia de obesidad, que fue un 21% mayor en el quintil de ingresos más bajos respecto del más alto.
Los datos confirman consistentemente que el consumo diario de alimentos saludables es significativamente menor en los grupos de niveles educativos bajos y en los de menores ingresos. Es decir, los alimentos no recomendados se consumen más frecuentemente en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Este gradiente socioeconómico se observa tanto en adultos como en niños. Al comparar poblaciones según su edad, el patrón alimentario de NNyA es significativamente menos saludable que el de los adultos.
Los NNyA consumen un 40% más de bebidas azucaradas, el doble de productos de pastelería o productos de copetín y el triple de golosinas respecto de los adultos. Este peor patrón alimentario entre los NNyA obedece probablemente a múltiples causas descriptas en la nota, como un marketing dirigido a los niños y entornos escolares obesogénicos. Sin duda, estos factores son determinantes y explican el crecimiento más acelerado de la epidemia de obesidad en los niños.
¿Por qué es necesaria la educación alimentaria?
"Una alimentación balanceada tanto para niños como para adultos tiene que tener todos los grupos alimentarios. Lo que se ve mucho es que faltan vegetales normalmente. Es difícil cubrir todos los vegetales más que nada en los niños porque la gente no acostumbra y si ellos dicen “no me gusta”, ellos no se lo dan, hay que hacer mucho hincapié ahí” comentó Gimena Somer, licenciada en nutrición (MN 7660).
Asimismo, aseguró que la implementación de una ley como esta ayudaría a tener una noción de lo que se está consumiendo y no las imágenes que se venden por medio del marketing. “A modo de ejemplo, fíjate en un cartel de una hamburguesería en donde la hamburguesa es linda, brillante, parejita, del color perfecto, la textura; uno lo ve y ya lo quiere comer, y cuando uno lo compra no es lo mismo que está en la imagen” concluyó la licenciada.
En octubre del año pasado, se realizó un acto por videoconferencia con la presencia del entonces ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, la secretaria de Inclusión Social, Laura V. Alonso, funcionarios nacionales, de gobiernos provinciales y municipales, representantes del mundo académico y organizaciones comunitarias a fines de que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación lanzará el Programa Nacional de Educación Alimentaria “Alimentar saberes”, el cual sería una nueva herramienta que se sumaría a las acciones llevadas adelante por el Gobierno Nacional en el marco del Plan “Argentina contra el Hambre”.
“El programa, entre sus objetivos, tiene la promoción de estilos de vida saludable y el mejoramiento de las condiciones alimentarias y nutricionales, mediante acciones de intercambio y capacitación; favorecer la articulación y el vínculo entre las distintas organizaciones de la sociedad civil y organismos gubernamentales cuyos objetivos de acción se vinculen a la temática alimentaria y nutricional; y fomentar prácticas de alimentación saludable, a través de la planificación de la compra, adecuadas normas de higiene, manipulación y conservación de alimentos, a nivel familiar y comunitario”, prometía el anuncio. Sin embargo, más allá de las recomendaciones que señala el Ministerio en su página web, no se publicaron fechas para realizar los talleres de educación alimentaria.
Situación en la Cámara de Senadores
Este proyecto de ley lleva cuatro años trabajandose, pero fue rechazado en reiteradas ocasiones. Finalmente, el 29 de octubre del 2020, el Senado le dio la media sanción.
El proyecto obtuvo la sanción en el Senado con 64 votos a favor y tres en contra. Además de buscar concientizar a la sociedad sobre los peligros que tiene en la salud el exceso de grasas y de azúcares en la alimentación, tiene por objeto regular la publicidad para restringir el uso de herramientas de marketing relacionadas a sorteos, concursos, regalos o promociones de estos productos. Tampoco se podrán usar para su publicidad o comercialización juguetes o merchandising que lo acompañen, para que los consumidores no se vean atraídos.
Con relación a los establecimientos educativos, la ley especifica que es responsabilidad del Consejo Federal de Educación el promover actividades didácticas y de políticas que establezcan contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional en las escuelas de todo el país. Aclara también que, en esos espacios, no se podrán comercializar ni ofrecer alimentos que contengan algún sello de advertencia.
Además, el proyecto establece que un ídolo futbolístico o un personaje popular de dibujos animados no podrá figurar en publicidades de consumo positivo de estos productos, cuya ingesta excesiva se considera perjudicial para la salud.
En diálogo con Julio Cobos, senador de la Unión Cívica Radical por la provincia de Mendoza, señaló: “Creo que esta ley es fundamental porque contribuye a dos pilares fundamentales de los derechos ciudadanos: la salud y el acceso a la información. Esta ley busca garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas, para que la ciudadanía pueda optar y decidir qué consumir, haciendo uso de sus derechos como consumidores”.
Asimismo, el legislador agregó: “Con el sistema de sellados queremos advertir sobre excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz. Con esto, promovemos la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles”.
La Universidad Siglo 21, a través de su “Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales”, publicó un reciente estudio donde una de las variables de análisis fue el grado de lectura y comprensión de las etiquetas de los alimentos que consumen los argentinos.
Este parámetro se analizó en varios centros urbanos como, la Ciudad de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Rosario y San Miguel de Tucumán. De acuerdo a la investigación, el dato más revelador es la conducta de los consumidores debido a que menos de la mitad de los argentinos lee la información nutricional de las etiquetas.
Otro dato clave y, aún más preocupante, es que solo uno de cada cuatro consumidores manifestaron tener un entendimiento pleno de la información expresada en las etiquetas. Según el trabajo de la Universidad, múltiples estudios científicos demostraron que el diseño de etiquetas que propone la Ley es el más efectivo para que el consumidor logre tomar una decisión de compra consciente en pocos segundos.
“Poder contar con información clara y legible de los ingredientes que componen los productos que consumimos a diario, nos permitirá tomar decisiones conscientes de compra. Es clave, además, impulsar políticas de concientización y educación alimenticia para asegurar una correcta elección de los alimentos que se consumen”, declaró Natalia Cervilla, directora de la Licenciatura de Nutrición de la Universidad.
Situación en la Cámara de Diputados
El 13 de noviembre de 2020, la Cámara de Diputados empezó a debatir la media sanción del proyecto de ley de “Promoción de la alimentación saludable”. Desde entonces y hasta abril de este año, se realizaron reuniones informativas de comisiones para escuchar visiones de especialistas y referentes de la industria alimenticia sobre la iniciativa, cuyo futuro aún es incierto.
La diputada por la Unión Cívica Radical, Brenda Austin aseguró que la ley de etiquetado frontal de advertencia es una regulación necesaria para establecer parámetros objetivos que ya vienen teniendo distintos países del mundo y de la región. “Básicamente, orientados a garantizar el acceso a la información por parte de los consumidores y evitar publicidades engañosas que tienden a confundir productos que no son saludables como si lo fueran”, destaca y continúa: “Acá hay dos derechos básicos sobre los que se sostiene la iniciativa que es el acceso a la información y el acceso a la salud”.
Al consultarle acerca de las herramientas para la población de bajos recursos sostuvo que, efectivamente, allí hay una enorme desafío “porque estamos hablando de alimentos ultraprocesados, muchos de los cuales en ocasiones son, alguno de ellos, de menor costo y forman gran parte de la dieta, sobre todo de la población de menores recursos” afirmó y agregó que uno de los incentivos relevantes que tiene el proyecto es establecer un condicionante para las compras y contrataciones que realiza el Estado Nacional en sus programas alimentarios, estableciendo la prohibición de contratar con productos que tengan sello de advertencia.
Además anunció que esto puede resultar una herramienta para ayudar a acelerar esos hábitos de consumo y garantizar que los comedores y ayudas alimentarias del Estado también se responsabilicen de facilitar el consumo de alimentos saludables y no de aquellos que sean necesariamente más económicos.
En octubre, la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes presentó el documento “Mitos y realidades del etiquetado frontal de advertencias en alimentos y bebidas”, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de contar con un etiquetado frontal que informe a los consumidores, de forma clara y sencilla, sobre el contenido real de los alimentos y bebidas.
En el documento, que cuenta con el apoyo de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) y UNICEF, resaltaron la importancia de “promover una política basada en los mejores estándares nacionales, regionales e internacionales de salud, que sostienen la promoción de un sistema de advertencias de octógonos basado en el sistema de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”.
¿Quiénes están en contra del proyecto de ley?
Aunque son minoría, también hay legisladoras que están en contra de este proyecto de ley. De los 72 Senadores que conforman la cámara, 64 votaron a favor del proyecto de ley; y solo tres estuvieron en contra; dos de ellas representantes de la provincia de Tucumán (Beatriz Mirkin y Silvia Elías de Pérez) y la restante de la provincia de La Rioja (Clara Vega).
En repetidas oportunidades, intentamos contactarnos con las tres legisladoras para que den su versión acerca de por qué están en desacuerdo con esta ley, pero no obtuvimos respuesta alguna.
Lo mismo sucedió con las empresas alimenticias, las cuales no respondieron a las consultas que se realizaron para que puedan dar su versión acerca de por qué se pronunciaron en contra del proyecto de ley.
Sin embargo, el Director Ejecutivo en el Mercado de Productores y Abastecedores de Frutas, Verduras y Hortalizas de Santa Fe, Carlos Roberto Daniel Otrino, expresó: “Las senadoras por la Provincia de Tucumán votaron en contra de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos sosteniendo que lo hicieron porque consideraban que la industria azucarera, si sale la ley, se encontraría en serio riesgo de sostener el nivel de empleo y se vería perjudicada para continuar produciendo azúcar y derivados”. Y agregó: “Además, mencionaron que no podrían votar una ley que perjudique a una industria tucumana y a los empleos de los tucumanos. Los votos de las senadoras no cuentan con sustento en los hechos y se basan en especulaciones que estudios realizados en Chile, al implementarse una ley similar siguiendo los perfiles de nutrientes críticos establecidos por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, han demostrado que no se verifican pérdidas de empleos, cierre de industrias y daños al sector azucarero en el país trasandino”.
Finalmente, Otrino manifestó que en definitiva, “el voto de las senadoras tucumanas se basó en una actitud de defensa de la industria azucarera y se apartó del interés superior de los consumidores y el respeto de sus derechos a una alimentación saludable y a la libre elección informada de qué consumir”. Asimismo, agregó que “La ley no va a impedir que el consumidor adquiera el producto que contiene uno o más sellos de advertencia, pero le permitirá obtener información concreta y fidedigna”, concluyó.
Por su parte, la diputada por el Frente de Todos, Florencia Lampreabe, mencionó que el voto en contra de las tres senadoras se debió por el mismo motivo ya que argumentaron que no podían votar un proyecto de ley que perjudique a sus provincias. “Necesitamos que el etiquetado sea ley lo más pronto posible”, insistió la legisladora.
En esta misma línea, Julio Cobos remarcó que la industria alimenticia ha intentado frenar la ley de etiquetado porque antepone sus intereses sectoriales por sobre el bienestar de la población. “Todo esto, sin siquiera ver que en la práctica los puede beneficiar porque, como ha sucedido en otros países, los productos que se confeccionan sin excesos y por lo tanto no poseen sellos, tienen mayor demanda”, remarcó el senador.
¿Cómo se manejan los países que ya tienen aprobada la ley?
Argentina se encuentra en un proceso de cambio frente a la alimentación, pero países limítrofes o incluso más lejanos de América del norte ya lo hicieron; como por ejemplo en Chile, Perú, México, Uruguay, Reino Unido, Ecuador, entre otros. Uno de los casos más cercanos que tenemos es Chile.
En el caso de Chile, la ley entró en vigencia en 2016 y su implementación fue de forma progresiva; es decir, que contó con tres fases previo a la implementación de la ley al 100%. Por ejemplo, en los alimentos sólidos, las industrias tuvieron que disminuir en un 55,5% los gramos de azúcar entre la primera y la tercera fase y en un 50% el sodio de los alimentos.
Un estudio realizado por la Universidad de Chile confirmó que el 91,6% de los consumidores afirmaron que los sellos influyeron en sus compras diarias; dentro de los cuales el 67,8% decide comprar alimentos con menos sellos octagonales.
Después de 4 años de la vigencia de la ley, una investigación realizada por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile en colaboración con la Universidad Diego Portales y la Universidad de Carolina del Norte, llegó a la conclusión que el consumo de bebidas azucaradas disminuyó un 23,7%. Esto significa una reducción diaria de 22,8 mililitros por persona. Como consecuencia, la compra de aguas aumentó un 5%.
Debido a la pandemia y a las restricciones, no se pudieron hacer marchas al Congreso de la Nación o distintas manifestaciones en favor a este proyecto de ley, pero lo que sí se realizó son las campañas por las distintas redes sociales.
Una de ellas es Conciente Colectivo. “Es un espacio de activismo y militancia socioambiental. Nos parece fundamental a la hora de hablar de problemáticas socioambientales entendiendo que lo ambiental y lo social van intrínsecamente relacionados” según uno de sus fundadores, Mijael Kaufman Falchuk. Esta organización es una de las tantas que trabajan día a día para colaborar con distintas problemáticas a fines de hacerlas visibles.
Finalmente, el día 13 de julio se retomó el debate en la cámara de diputados, aunque la ley sigue sin aprobarse. En dicha sesión se emitió un dictamen sobre el proyecto de ley, esperando a que se llegue a una resolución luego de cuatro años de debate.
Todavía no hay fecha para un nuevo debate en la cámara de diputados.
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