Riders en la pandemia

El 12 de mayo de 2021 se instaura la Ley Rider que afecta directamente a los trabajadores conocidos con este mismo nombre, los riders. Este término hace referencia a aquellos trabajadores de las empresas de delivery que se ocupan de llevar la comida a domicilio ya sea en bicicleta o moto. 

Este cambio había sido perseguido por los propios trabajadores, los cuales se habían manifestado varias veces para conseguir que no se les considerara autónomos. Estas protestas tenían como fin obtener los derechos y beneficios que les proporciona una relación laboral con las empresas.

Para informarnos mejor sobre esta ley, entrevistamos al abogado Miguel Rodríguez-Piñero Royo, catedrático de Derecho del trabajo especialista en derecho laboral y seguridad social, que lleva desde 2017 estudiando sobre la economía colaborativa y el fenómeno rider. El entrevistado nos cuenta su visión sobre la posibilidad de que se multipliquen los despidos tras el decreto de esta Ley.

Con esta nueva ley, las empresas de reparto estarían obligadas a regularizar dichos contratos laborales antes del día 12 de agosto. Además, con esta ley no solo se estaría ayudando a los propios trabajadores, sino que también tendría un papel importante a la hora de esclarecer un nuevo sector que posee demasiadas lagunas jurídicas.

Sin embargo, esta ley no ha sido bien recibida desde su comienzo por algunos riders. Asociaciones como Repartidores Unidos o la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) convocaron el mismo día que se declaraba esta ley manifestaciones en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

Por otra parte, las asociaciones que lucharon por esta nueva ley siguen insatisfechas, pues piensan que no tiene suficiente peso para que realmente las condiciones laborales de los riders sean las mismas que las de cualquier otro trabajador. Por ejemplo, el sindicato RidersxDerechos, considera que esta nueva ley no protege a los trabajadores de los posibles futuros despidos que hagan las empresas de reparto a la hora de emplear a los riders.

En una entrevista con Nuria Soto, una de las fundadoras de la plataforma de reparto Mensakas, que nació desde RidersxDerechos, nos habla sobre la Ley Rider. Cuando se le pregunta qué piensa acerca del concepto de “falsos autónomos”, nos comenta que la sociedad española tiene que aprender aún que los riders nunca fueron “falsos autónomos”, sino personas engañadas. Del mismo modo, también comenta que todos los riders que prefieren permanecer como autónomos, nunca llegaron a serlo, pues la principal herramienta que necesitan para ejercer su trabajo no es suya (la app), ni tampoco son suyos los clientes ni sus tarifas, ya que los pedidos son procesados por la propia app y el trabajador no decide por cuánto dinero presta su servicio. Por ende, nunca fueron verdaderamente autónomos, solo personas estafadas.

Además, muchas otras asociaciones piensan que la Ley Rider podría haber englobado mucho más de lo que realmente abarca. Esto se debe a que la nueva ley no protege a otros sectores de la uberización. Este neologismo hace referencia a todas esas empresas que mediante la tecnología conectan clientes con individuos que ofrecen diversos servicios pues, aunque solo nos estemos centrando en los riders, la uberización también atenta contra otro tipo de trabajadores, desde limpiadores hasta traductores, que por necesidad tengan que ofrecer sus servicios de esta manera. Cabe destacar también que esta nueva ley no aporta una solución real a la falta de regularización de un sector que lleva años ahorrándose el pago de impuestos a la Seguridad Social; aunque aboga por los riders, no solventa el daño que estas compañías han hecho durante años y las posibles artimañas que puedan realizar en el futuro para sortear la ley de nuevo.

La cuestión de todo esto, y la razón por la que las asociaciones siguen luchando junto a sindicatos por más atención del gobierno es el daño que hacen estas empresas a la clase obrera. Las personas que acuden a este tipo de trabajos, como ya trataremos más adelante, suelen ser personas, o bien jóvenes o sin recursos, que necesitan el dinero. Por todo esto, parece lógico que aún se pretenda luchar contra estas grandes empresas, las cuales poco a poco van calando más en nuestra sociedad y siguen impunes ante los grandes abusos que realizan contra sus trabajadores.